Participar en la Convención con un clic: Cinco iniciativas populares de norma con perspectiva de género

  • Por:jobsplan

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04/2022

A pocos días del cierre de la convocatoria de iniciativas populares levantadas y articuladas por la sociedad civil -una de las instancias de participación ciudadana que permite que ciertas propuestas específicas se discutan en la Convención Constitucional para luego ser integradas a la nueva carta- son más de 2.400 las propuestas enviadas. Muchas de ellas, con el foco puesto en temas de género.

Estas propuestas, que buscan ser políticas públicas, deberán ser apoyadas mediante el voto online; y es que, para que lleguen a la Convención, deberán contar con un mínimo de 15.000 firmas de al menos cuatro regiones distintas.

Por eso, a continuación revisamos junto a sus creadoras y participantes seis de las iniciativas populares de norma que buscan avanzar a paso firme en pos de la igualdad de derechos para mujeres y disidencias.

1. El derecho a la salud sexual y reproductiva con enfoque de género, feminista, interseccional y pluralista

La iniciativa Nº45.166 fue levantada por la Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile (Asomat) en conjunto con el Observatorio Contra la Violencia, Parir Nos Chile, Matria Fecunda y Escuela Renacer, entre otras agrupaciones, y consiste en la propuesta de una Ley de salud sexual y reproductiva, además de un nuevo Código Sanitario.

Para Katiuska Rojas, Directora Ejecutiva de Asomat, el punto clave para entender la importancia de la iniciativa y el impacto social de la misma, se basa en la erradicación de la violencia obstétrica y otros tipos de violencia que se dan en el ámbito de la salud sexual: “Necesitamos cambiar el paradigma de la salud, con perspectiva de género, para que derribemos esa mirada heteropatriarcal, violenta y conservadora que se ha perpetuado por mucho tiempo”.

Además, la iniciativa contempla que las y los profesionales de la salud tengan mejores herramientas y que dejen de existir normas y protocolos obsoletos. Por otro lado, se propone que las matronas y matrones puedan realizar procedimientos como el aborto y poder entregar mayor oferta de profesionales de la salud preparados ante estos procedimientos.

Para Rojas, esta iniciativa es una de las más sensibles y directas, debido a que la atención médica con perspectiva de género, respetuosa, inclusiva, feminista y pluralista, se debe dar desde la primera llegada a los establecimientos de salud: “Es una iniciativa que se expresa directamente a través de la atención real que generamos cuerpo a cuerpo todos los días con las personas”.

2. Género y Justicia

La Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) presentó la iniciativa nº 41.466 que consiste en la incorporación de la perspectiva de género en el poder judicial y la administración de justicia.

Danitza Pérez, Directora Ejecutiva de la asociación, explica que con esta iniciativa buscan abrir el concepto y no solo hablar del poder judicial, sino que además contemplar la administración de justicia en Chile: “Queremos hacer un mandato donde todos estén obligados a incorporar la perspectiva de género, entendiendo siempre que ésta es una herramienta que facilita la igualdad entre hombres y mujeres”. Además, consideran la creación de mecanismos de fiscalización.

La norma contempla la existencia de un mandato directo para la incorporación de la perspectiva de género. En ese caso, tanto juezas o jueces debiesen pronunciarse haciendo mención de las características particulares del caso. Sin embargo, Pérez comenta que “estamos en un nivel constitucional, el detalle que puede tener la norma nunca va a ser suficiente, entonces, eventualmente, va a ser una ley la que tiene que regular cómo cada órgano incorpora esta perspectiva de género en sus funciones y en sus obligaciones en general”.

Para Danitza, la relevancia de este tipo de iniciativas recae en un cambio de paradigma, por el cual todas se puedan sentir amparadas y que, cuando exista algún tipo de vulneración, se le pueda exigir al Estado una protección efectiva. “Esta norma busca incorporar una herramienta que puede ser decidora al momento de que una mujer sea víctima de violencia o no. Podríamos generar un cambio en nuestra sociedad a mediano y largo plazo”.

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3. Una educación feminista para Chile: Laica, pública y no sexista

La Red Docente y Feminista (Redofem) articuló la iniciativa nº 38, que busca fortalecer la educación pública y laica con enfoque feminista.

Para Angélica Montaner, docente y miembro de la red, la iniciativa propone, inicialmente, una educación pública laica: “Tenemos la convicción de que la educación pública no puede estar al servicio de ideologías que no están sustentadas en aspectos tecnológicos o científicos porque lo que hace eso, además, es generar discursos de odio”. Montaner añade que la educación debe ser no sexista y hay que erradicar la violencia de género de los establecimientos. Además, señala que esta iniciativa quiere que la educación tenga principalmente una base feminista para “respetar todas las formas de vida de nuestra comunidad, respetar la interseccionalidad y que existe una interculturalidad en nuestros establecimientos”, explica.

“Nosotros proponemos un programa educacional que permita a todos nuestros estudiantes tener una visión generalizada, una visión de todos los actores y actrices claves de nuestra sociedad”. Pero además, desarrolla la especialista, lo que se busca es aunar disciplinas o rubros que históricamente han sido vistos como opuestos, para que no exista esa dicotomía o binarismo entre las ciencias y las humanidades. “Creemos que son ámbitos complementarios que toman en cuenta una variedad de disciplinas”.

Esta iniciativa obtuvo las 15.000 firmas necesarias para llegar a la Convención Constitucional, y es por ello que creen necesario apoyar a otras iniciativas feministas, de modo tal que “nuestra nueva Constitución tiene que frenar la violencia establecida hacia mujeres y disidencias, tiene que condenar y tiene que garantizar acuerdos específicos o artículos específicos que nos puedan proteger”.

4. Protejamos a las mamás, cuidadoras y las familias

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Arriba Mamás Chile dio paso a la iniciativa nº 10.398, que busca esencialmente la protección a la maternidad, las familias y la coparentalidad absoluta a través de políticas públicas.

María Verónica Campino, Fundadora y Directora de Arriba Mamás Chile, cuenta que la iniciativa contempla que el Estado asegure el derecho de asistencia y protección a todas las mujeres durante el embarazo y el parto, en modalidades y plazos determinados, y que posea un rol garante en cuanto al desempleo y desamparo. Además, mediante esta propuesta, buscan asegurar y garantizar la igualdad de derechos y deberes de padres, madres, cuidadores o tutores en ejercicio.

Y es que para Arriba Mamás Chile, es importante reconocer y valorar todo lo que las madres hacen hoy en día: “Las madres tienen barreras culturales para poder ingresar al mercado laboral, porque la sociedad y la legislación ven a la madre como el único sujeto de derechos parentales, la que tiene que hacerse cargo del hogar y todas las tareas no remuneradas. Eso es lo que nosotras quisimos visibilizar, para dar a entender que la maternidad es una arista importante de la equidad de género”.

Esta iniciativa busca impulsar y potenciar la coparentalidad, no solamente en relaciones heteroparentales, sino que, además, en parejas homoparentales y lesbomaternales. A eso se le suma que esta coparentalidad busca igual resguardar las situaciones de vulneración que viven las mujeres y madres en Chile, es decir, en casos de violencia intrafamiliar, de padres ausentes o padres que no tienen las habilidades parentales.

5. #INICIATIVAPOPULARFEMINISTA por una vida libre de violencia para mujeres, niñeces, diversidades y disidencias sexo genéricas.

La Articulación de organizaciones feministas y de disidencias sexo genéricas levantó la iniciativa nº 50.754, que consiste en que el Estado garantice una vida libre de violencia para mujeres, niñas y niños, diversidades y disidencias sexo genéricas.

Isadora Castillo, miembro de la Red Chilena contra la violencia hacía las mujeres, desarrolla que esta iniciativa busca que en la nueva Constitución exista un decreto que garantice la vida libre de violencia machista como un derecho humano. Para que así el Estado se comprometa, por un lado, a tener mecanismos efectivos que permitan sancionar, investigar, reparar y prevenir este tipo de violencia hacía mujeres, niñeces, diversidades y disidencias sexo genéricas. Y por otro lado, que el foco esté puesto en la promoción de vidas libres de violencia machista.

Esta iniciativa tiene como punto central la creación de un marco amplio que permite identificar la violencia machista. Además, que se asegure un presupuesto anual para poder modular acciones que resguarden ese derecho. Y es que actualmente existen leyes que sancionan la violencia machista, sin embargo, éstas se entienden de manera desarticulada, siendo que están estrechamente relacionadas.

Para Isadora Castillo, es relevante el apoyo a estas iniciativas: “Desde nuestras experiencias previas, podemos ver que son pocas las herramientas con las que se cuentan para hacer frente a este tipo de violencia, son procesos súper burocráticos y engorrosos y muchas veces quedan ahí. Hay que ver este tipo de iniciativas como herramientas para poder seguir avanzando hacía políticas más efectivas. Nuestro objetivo es promover vidas libres de violencia”.

6. Derecho a los cuidados

La iniciativa nº 9.638 fue levantada por Comunidad Mujer y el Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. Esta propuesta contempla el derecho al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.

La norma busca que la nueva Constitución reconozca a todas las personas el derecho a los cuidados en tres dimensiones: derecho a cuidar, derecho a ser cuidada/o y el derecho a cuidarse o al autocuidado. Lo anterior, debe incluir un mandato para la creación de un sistema que articule las prestaciones necesarias y de cumplimiento con los deberes de reducción y redistribución de los cuidados bajo una perspectiva interseccional.

Por otro lado, se plantea que la Constitución debe especificar que la labor del cuidado debe ser remunerada y podría dejar el o los mecanismos a la regulación legal, sin asumir alternativas de compensación. Además, el texto definitivo debe incorporar la noción de cuidados en su preámbulo y en los principios constitucionales, como marco interpretativo para la configuración de las instituciones del Estado.

La propuesta enfatiza que el trabajo de cuidados no remunerado debe ser reconocido en la regulación de los derechos al trabajo, la salud y la seguridad social, además, debe ser equiparado con los trabajos remunerados para que las personas que “realizan estas tareas tengan condiciones laborales justas y dignas y se asegure su acceso a prestaciones de salud y seguridad social”.

Alejandra Sepúlveda Peñaranda, Presidenta Ejecutiva de ComunidadMujer, comenta que las labores de cuidado no remunerado son centrales para la vida de las personas y para la vida en sociedad “Este tipo de trabajo genera un aporte del 26% al PIB durante 2020, según el Banco Central. Sin embargo, su distribución no es equitativa y recae en las mujeres de forma desproporcionada, no remunerada y precarizada”.

“Creemos que es el Estado quien debiese hacerse cargo, siguiendo el principio de corresponsabilidad social. Para lograr esto, es fundamental que el derecho a los cuidados se reconozca en la Constitución, y se garantice un mandato para la creación de un Sistema Nacional de Cuidados”, explica.

¿Cómo apoyar estas iniciativas?

A través de la plataforma digital de participación popular (https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/), se debe iniciar sesión ya sea con clave única o Cédula de Identidad y Número de Serie, y se podrá apoyar al menos siete iniciativas populares de norma.

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